SITUACIÓN EN ESPAÑA

El caso español. El fenómeno de la okupación en España

Son cerca de 30.000 las personas que carecen de un techo en todo el estado, a ello hemos de añadir las dificultades que encuentran la mayoría de los jóvenes para emanciparse, incluso pese a contar con un puesto de trabajo, pero cuyo exiguo salario no les alcanza para hacer frente a abusivos alquileres o a estratosféricas hipotecas. Junto a eso encontramos el fenómeno de los “pisos patera” donde se hacinan personas, en la mayoría de los casos migrantes que hacen auténtica alquimia para poder pagar la renta entre las 5, 6 o 7 personas que ocupan una habitación.

Ante esta realidad decir que en el estado español podría haber hasta 6 millones de viviendas vacías-

La tendencia de la ocupación ilegal de viviendas en España -bien como parte del movimiento social o bien por necesidad del okupante- continúa en aumento desde hace años, una actividad que en buena parte de los casos acostumbra a optar por inmuebles vacíos propiedad de entidades privadas, pero también de personas físicas y organismos públicos y sociales. En concreto, la apropiación de residencias habituales de personas físicas durante la época estival se acrecenta sobremanera, con el consiguiente temor de los propietarios a abandonar sus viviendas.

De este modo, en 2017 se registraron 10.619 delitos y faltas por ocupación ilegal de inmuebles, un 5,8% más que en 2016 y la cifra más elevada desde el año 2012. En total existen alrededor de 87.500 familias ocupando viviendas ilegalmente, unas 262.500 personas, según datos de un estudio elaborado por el Instituto Cerdá en España.

Pese a que las ocupaciones conflictivas suponen únicamente entre el 10% y el 25% de los casos, el fenómeno conlleva una serie de problemas ligados a la ilegalidad y clandestinidad en que se desarrolla la actividad, como inseguridad o malestar que supone la expulsión de los vecinos originarios entre la comunidad de propietarios, ya que el 80% de las ocupaciones se producen en fincas de propiedad horizontal, según el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida (CAFBL) . Asimismo, el impacto negativo de una ocupación ilegal supone entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda y una pérdida de valor de los inmuebles de entre el 40% y el 60%.

El número de lanzamiento se ha multiplicado por 2,5 desde 2008. Existen unas 100 mil familias ocupando vivienda en España, equivalente a unas 300 mil personas.

Estos son algunos datos estadísticos:

• Entre un 10 y un 35% de las ocupaciones pueden calificarse de conflictivas
• Entre el 40 y el 60% de las viviendas ocupadas tienen conexiones fraudulentas.
• El Impacto económico negativo de la ocupación está entre 3.500 y 30 mil euros por vivienda
• Un inmueble ocupado pierden un valor de entre el 40 y el 60%
• 3/4 partes de las viviendas ocupadas pertenecen al sector financiero.
•  La mayor parte de las casas de banco ocupadas están en Madrid y Barcelona
• Las denuncias por okupación han aumentado un 92% en los últimos años

La okupación se ha convertido en un negocio muy lucrativo para las mafias organizadas gracias a la laxitud de la ley.Las cifras marean: casi 7.000 sentencias condenatorias por delito de usurpación y cerca de 90.000 viviendas okupadas en toda España. Son cifras de 2017, pero, desde entonces, lejos de mejorar la situación, todo apunta a que el fenómeno se está extendiendo de forma aún más intensa, especialmente en algunos barrios de grandes ciudades.

La laxitud de la ley, la absoluta indefensión que sufren las empresas para echar a los okupas, la lentitud de la Justicia y la tolerancia que muestran algunos ayuntamientos hacia estos delincuentes son los principales factores que explican el crecimiento de este fenómeno. Valga como prueba la siguiente tabla, en donde se refleja el porcentaje de pisos okupados por provincias en una cartera conformada con 2.500 inmuebles pertenecientes a bancos y promotoras.

En Barcelona, la cifra alcanza el 23% de los inmuebles, cuya localización se sitúa mayoritariamente en zonas de renta media o baja. Es decir, uno de cada cuatro inmuebles vacíos ha sido usurpado en algunos barrios de Barcelona, lo cual es un porcentaje muy elevado. Y lo preocupante es que no es trata de un hecho aislado, sino general. En Madrid, el porcentaje alcanza el 14%, en Sevilla y Toledo el 12%, en Almería y Málaga el 11%, en Cádiz el 10%…

La lentitud de los juzgados sigue siendo muy sustancial, a pesar de la nueva ley de desahucio exprés que prometía desalojar a los okupas en pocos días (y que desarrollaremos en el apartado de legislación), pero es que, por si fuera poco, este teórico procedimiento rápido tan sólo se aplica a los inmuebles de particulares y administraciones públicas.

Las compañías están completamente indefensas ante la plaga de los okupas. La usurpación de pisos vacíos en manos de bancos e inmobiliarias se ha convertido en un negocio muy lucrativo, tanto para los caraduras, que pudiendo pagar no lo hacen, como para las mafias organizadas, dedicadas a okupar viviendas para, luego, revenderlas a particulares o bien exigir una mordida a los legítimos propietarios para abandonarlas.Son auténticos profesionales de la okupación debido, en parte, a la impunidad que ofrece la ley a este tipo de delitos, pero también a la complicidad de los ayuntamientos, según denuncian los profesionales del sector.

Es una epidemia, "esto se está yendo de las manos. En algunas zonas hay edificios enteros que están okupados", alerta Alejandro Sancho socio de Copernicus, firma especializada en la venta y gestión de activos inmobiliarios."En los dos últimos años , hemos notado un crecimiento exponencial de okupas" por el auge de las mafias. Además, "ya saben lo que tienen que hacer para que no les echen", añade este experto. Y lo peor es que, una vez que se consigue el desalojo, tras largos meses de procedimiento en el juzgado, las sanciones son irrisorias: "Apenas tres euros de multa al día durante tres meses", unos 270 euros. "Y encima se declaran insolventes", lamenta Sancho. Dicho de otro modo, el delito sale gratis.

Asimismo, muchos okupas hacen negocio, puesto que algunos fondos de inversión pagan para que abandonen las viviendas (hasta 5.000 euros por desalojo). "Nosotros no pagamos porque eso es alimentar el monstruo", declara Sancho. Los inversores extranjeros que compran carteras inmobiliarias en España se han terminado por acostumbrar al fenómeno okupa, cuya existencia devalúa el precio de la vivienda en algunas zonas, especialmente en Cataluña, debido al mayor coste y riesgo existentes, pero no entienden cómo es posible que actúen con total impunidad sin que la administración no haga nada por defender a los propietarios. "No lo entienden, se quedaban ojipláticos", concluye Sancho.